Desde la Federación de asociaciones de consumidores Unidad y Acción, ante el debate general, quisiéramos aportar algunas clarificaciones que entendemos necesarias, sobre políticas de protección al consumidor en los programas electorales con los que concurren a los comicios autonómicos y locales del 28 de mayo, quisiéramos significarles algunos aspectos que les solicitamos se tengan en consideración, es insostenible la inexistencia de una política de protección a la persona consumidora, en una Región con el potencial que tiene la nuestra, la Unión Europea enmarca estas políticas en las altas áreas de desarrollo equilibrado y sostenible, en el área económica, por ser esta una de las más estratégicas.
Se hace necesaria una pedagogía jurídica y conceptual, para que los partidos y gobernantes dimensionen realmente en que consiste una verdadera política de protección a las personas consumidoras y promoción del consumo responsable, para una vez se produzca el momento procesal del debate de investidura y conformación de gobierno, tras la elección de Presidente, no crean que está importante área pueda seguir siendo residual, y que cualquier persona inexperta, no jurista según nuestra organización, pueda coordinar e impulsar un plan estratégico o pacto por la protección a la persona consumidora.
Debemos diferenciar para abordar de manera conceptualmente y normativamente rigurosos, sobre los 4 ámbitos de actuación en los que las asociaciones de consumidores definen su misión social:
- El primero de ellos es el de la Protección a la persona consumidora en el marco de protección y defensa, de las relaciones entre el consumidor como agente del mercado del consumo, la defensa de sus derechos e intereses, la prevención y la acción colectiva en sectores esenciales en el hogar y la vida cotidiana, es la política departamental especializada en su condición de autoridad de consumo en la disciplina de mercado en el respeto a los derechos e intereses económicos de las familias y de las personas consumidoras.
- El segundo de ellos es imprescindible pero aún no asumido desde los gobiernos, a pesar de la legitimidad de las asociaciones de consumidores, del ejercicio de su representatividad, en una acción transversal de funcionamiento de la sociedad y de la acción de gobierno, se trata de las diversas áreas de la estructura que están aparentemente lejanas de lo que erróneamente se llama “ eso es de consumo” sirvan como ejemplo, las políticas de vivienda, de estructura y servicios sanitarios, de servicios públicos y privados de transporte de personas, de usuarios de servicios turísticos, de medio ambiente, nuevas tecnologías y un largo etc. en el que nos encontraremos en alguna parte de su marco normativo, la figura del usuario, del consumidor, con sus correspondientes derechos y protecciones.
- La tercera corresponde al ámbito de la proximidad de las actividades educativas, formativas, de atención, de punto de encuentro y participación etc., nos referimos a la estructura territorial, en este aspecto se producen continuas decisiones, proyectos y servicios de tipo local o comarcal, es en este punto en el que consideramos la necesidad de redefinir el espacio “comarca” contemplado el desarrollo normativo en nuestro estatuto de autonomía pero que, a pesar del tiempo transcurrido de experiencia territorial y de aplicación del estatuto, no se ha abordado adecuadamente, si se pretende un nuevo modelo de protección y alto nivel de participación para lograr la autodefensa preventiva y el consumo responsable y sostenible, debemos ser inteligentes y crear un proyecto común que nos una a todos los agentes, y que dé como resultado la mejora de la gente.
La comarca como centro de encuentro de los municipios de la zona, con pocos recursos se pueden crear sinergias entre todos, orientado a la formación y el aprendizaje de la gente, en especial las personas mayores en el esfuerzo de superación de la brecha digital.
- Por último, el ámbito asociativo de personas consumidoras, este ámbito aún deambula en contradicciones profundas entre lo que establece nuestra constitución, a las que dedica una mención muy densa y determinada, el “fomento” de las asociaciones de consumidores, podemos simplificar el concepto afirmando que hay que dejar despejado el espacio social para que se pueda producir el fruto “asociación de consumidores”, hay que analizar de forma detallada, las limitaciones estrictas de su financiación, por los propios principios normativos, imperativos y de disciplina a las asociaciones de consumidores.
Si las administraciones no entienden que hay que favorecer ese espacio de autodefensa, de apoyo mutuo, de pasillo ancho y directo a su misión social, la articulación de las asociaciones, su capacidad de interlocución ante los sectores empresariales como agentes de mercado…
Si las administraciones, no cubren las competencias que le son propias en absoluta prioridad, el control de mercado para hacerlo seguro y desarrolla un crecimiento burocrático imparable, finalmente conduce al bloqueo, no hay recursos para el enorme gasto que representa cada funcionario, cada acción neta que un departamento puede desarrollar, ocupando en gran medida el espacio que corresponde a las asociaciones de consumidores, por ejemplo:
Si la administración cuenta con atención de personas consumidoras individuales para gestionar a través de la inspección, la resolución de conflictos, que es un ejercicio de las asociaciones de consumidores, ¿Cómo esos mismos consumidores van a acudir a una asociación, pagar una cuota y asumir el rol de asociado de una asociación con las obligaciones y responsabilidades que conlleva?
Lo mismo ocurre con las oficinas de la administración de atención al consumidor, las de ámbito local etc. pero, si la administración cuenta con otros mandatos normativos que no realiza, como desarrollar junto a los agentes sociales, acuerdos para códigos de buenas prácticas en el mercado de sectores de servicios y comerciales.
El funcionamiento óptimo, riguroso y con los contenidos oportunos en el consejo asesor regional, o los locales etc. que requiere de una secretaria jurídica sólida.
Se debe abordar desde un decreto el ordenamiento y seguridad jurídica de las asociaciones de consumidores.
Esperamos que esta dimensión en estas 4 dimensiones de un desarrollo eficaz y para el siglo XXI, a la altura de la calidad normativa y efectiva de la política europea de protección al consumidor, y adaptando el modelo de protección al consumidor a la nueva realidad, a los nuevos fenómenos de abusos, de engaños y estafas a los que se enfrenta la gente día a día en el rol de consumidor.